Polémica en las comunidades de vecinos: ¿videovigilancia por seguridad o invasión de privacidad?

El debate sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes de comunidades de vecinos vuelve a encenderse en España, dividiendo a propietarios y generando controversia en los tribunales. Mientras algunos defienden esta medida como herramienta imprescindible para garantizar la seguridad y proteger los espacios comunitarios, otros la consideran una amenaza directa a la intimidad de los residentes.

🔒 Seguridad, control y convivencia: la posición a favor

Cada vez más comunidades optan por instalar sistemas de videovigilancia en portales, garajes, trasteros y zonas comunes, argumentando un aumento de robos, actos vandálicos y ocupaciones. "Estas cámaras no solo actúan como elemento disuasorio, sino que también ayudan a identificar a los responsables en caso de incidentes", explica Soledad Gómez, presidenta de una comunidad en Carabanchel, donde recientemente se instalaron 6 cámaras tras sufrir varios robos en los garajes.

La instalación suele aprobarse en junta de propietarios, amparada por sentencias como la reciente del Tribunal Supremo, que avaló su legalidad siempre que se respeten ciertos límites: informar a los vecinos, evitar grabar zonas privadas como puertas o ventanas y no almacenar imágenes más tiempo del permitido.

"Es cuestión de convivencia. Si pagamos todos por los desperfectos, también deberíamos decidir juntos cómo protegernos", añade Gómez.

👁️ 🗨️ Derecho a la intimidad: los que se oponen

En el lado contrario, muchos vecinos rechazan estas instalaciones por considerarlas una vulneración de su derecho a la intimidad. María López, vecina en una comunidad del barrio de Usera, ha iniciado acciones legales para retirar las cámaras que captan su tránsito diario: "No tengo por qué ser grabada cada vez que bajo a tirar la basura o voy al buzón. Esto convierte nuestro edificio en un pequeño Gran Hermano".

Asociaciones como Facua o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han advertido sobre los riesgos del uso abusivo de estas tecnologías en entornos privados. Recientemente, la AEPD impuso varias sanciones a comunidades por instalar cámaras sin las debidas garantías legales, o por captar imágenes de la vía pública sin permiso.

⚖️ Un debate legal y ético sin resolver

Aunque los tribunales suelen avalar estas instalaciones cuando se justifican por razones de seguridad y cumplen con la normativa, los conflictos entre vecinos continúan. Para legalizar estas cámaras es necesario el acuerdo de al menos 3/5 de los propietarios, y siempre que no afecte desproporcionadamente a los derechos individuales.

El abogado especializado en protección de datos, Jaime Álvarez, resume el dilema: "La seguridad es importante, pero nunca puede ser una excusa para anular la intimidad de las personas en su propio hogar. Hay que buscar un equilibrio razonable y transparente".

📊 Opinión pública dividida

Según una encuesta reciente del CIS, el 57% de los españoles se muestra a favor de instalar videovigilancia en comunidades de vecinos, mientras que un 38% lo rechaza por considerarlo excesivo.

Con casos judicializados, enfrentamientos en reuniones de vecinos y debates encendidos en redes sociales, la polémica sobre las cámaras en zonas comunes parece lejos de resolverse en 2025.

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